Aumento en el precio de la gasolina, restricciones al
tránsito de vehículos, impuestos a la movilización. Estas, y otras, han sido
medidas tomadas para desestimular el uso del vehículo particular por cuanto,
según el estado, la compra de automóviles ha crecido más que la construcción de vías.
Como siempre, la comunidad es quien paga los platos rotos:
adquiere vehículo para no poder usarlo o hacerlo a costos altísimos. ¿Lo lógico
no sería que el estado regulara la fabricación o importación de vehículos nuevos
y legislara sobre el retiro de automóviles viejos?
Detrás de esto, ¿estará el poder económico en acción?
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